Normativa de limpieza en comunidades de propietarios según la Ley de Propiedad Horizontal
La limpieza en comunidades de propietarios no es solo una cuestión de estética o convivencia: es una obligación legal y un deber de mantenimiento contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). El correcto cuidado de las zonas comunes es esencial para preservar el valor del inmueble, la salud de los vecinos y la armonía dentro del edificio o urbanización.
A continuación, explicamos qué dice la normativa, cómo deben tomarse las decisiones sobre limpieza, quién puede encargarse del servicio, y qué ocurre si un propietario no cumple con sus obligaciones.
Obligación legal de limpieza según la Ley de Propiedad Horizontal
Aunque la Ley de Propiedad Horizontal no menciona de forma expresa la palabra “limpieza”, su artículo 9 establece que todo propietario debe respetar y cuidar las instalaciones generales y elementos comunes, evitando causar daños o desperfectos. Esto incluye mantener en buen estado los espacios compartidos como portales, escaleras, ascensores, patios, jardines o garajes.
Asimismo, la ley impone la obligación de mantener en condiciones de higiene su propio inmueble, ya que el descuido o acumulación de suciedad puede afectar negativamente al resto de la comunidad.
Por otro lado, el artículo 7 de la LPH prohíbe expresamente el desarrollo de actividades molestas, insalubres o nocivas, tanto en elementos privativos como en zonas comunes. Por tanto, un propietario que ensucie deliberadamente o mantenga comportamientos antihigiénicos está infringiendo la ley.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y mantener un entorno saludable, muchas comunidades contratan un servicio especializado de limpieza de comunidades, que asegura la correcta conservación y desinfección de todas las zonas compartidas.
Normativa interna sobre limpieza en comunidades
Además de la LPH, cada comunidad puede contar con estatutos o normas internas que regulen la limpieza de manera más concreta. En ellos pueden establecerse puntos como:
- Frecuencia de limpieza (diaria, semanal o mensual).
- Zonas incluidas en el servicio (portal, garaje, ascensor, patio, piscina…).
- Horarios permitidos para realizar las tareas.
- Sanciones por incumplimiento o comportamientos insalubres.
Cuando los estatutos no lo contemplan, la junta de propietarios tiene la potestad de aprobar acuerdos relacionados con la limpieza, como la contratación de una empresa, la duración del contrato, o incluso apercibimientos a vecinos infractores.
En caso de querer modificar o añadir una norma dentro de los estatutos, se requiere unanimidad de todos los propietarios. Y si la comunidad decide externalizar este servicio, lo recomendable es acudir a una empresa de limpieza en Huelva o en la localidad correspondiente, que ofrezca profesionales cualificados y cumpla con todas las normativas de prevención y seguridad laboral.
Decisiones sobre limpieza: cómo se aprueban en junta
La limpieza de la comunidad se considera un gasto ordinario, por lo que su aprobación no requiere unanimidad. Según el artículo 17.7 de la LPH, basta con la mayoría simple de los propietarios que representen a su vez la mayoría de las cuotas de participación.
Esto significa que si más del 50 % de los propietarios presentes o representados en la junta están de acuerdo con el presupuesto o con el cambio de empresa de limpieza, el acuerdo será válido. En segunda convocatoria, bastará con la mayoría de los asistentes que representen la mitad del valor de sus cuotas.
¿Puede un vecino encargarse de la limpieza?
En algunos edificios, especialmente los más pequeños, puede plantearse la opción de que un vecino asuma las tareas de limpieza. Esto solo es posible si se cumplen las obligaciones fiscales y laborales pertinentes.
El vecino debe estar dado de alta como autónomo o contratado legalmente, ya que en caso contrario la comunidad podría enfrentarse a sanciones por empleo irregular, inspecciones de trabajo o incluso responsabilidad penal en caso de accidente laboral.
En definitiva, aunque es legal que un propietario limpie las zonas comunes, debe hacerse dentro de la normativa laboral vigente, con contrato y cobertura.
Durante periodos especiales, como cuando se realizan reformas o rehabilitaciones en el edificio, resulta imprescindible reforzar estas tareas. En tales situaciones, puede ser necesario recurrir a limpieza en comunidades de vecinos en casos de obras, un servicio especializado que garantiza la eliminación de polvo, residuos y escombros de forma segura y profesional.
Gastos de limpieza: reparto y obligatoriedad
El mantenimiento y la limpieza forman parte de los gastos generales del edificio. Según el artículo 9.1.e de la LPH, todos los propietarios deben contribuir a los gastos comunes en función de su cuota de participación.
Por tanto, ningún vecino puede negarse a pagar su parte del servicio de limpieza, incluso aunque no use determinadas zonas (por ejemplo, un garaje o un jardín). La ley es clara: el disfrute no condiciona la obligación de pago.
Si un propietario se niega a abonar su cuota, la comunidad puede reclamar judicialmente la deuda a través de un procedimiento monitorio, respaldado por el acta de la junta que aprobó el gasto.
Contratación del servicio de limpieza
La junta de propietarios debe aprobar el presupuesto, la empresa o el profesional, y establecer los días y horas de trabajo, así como los productos y equipos utilizados.
Al contratar una empresa de limpieza profesional, la comunidad obtiene ventajas como:
- Cumplimiento de normativas de seguridad y salud laboral.
- Uso de productos homologados y respetuosos con el medio ambiente.
- Seguros de responsabilidad civil frente a posibles daños.
- Sustituciones en caso de baja o ausencia del personal.
Estas garantías no se obtienen con un servicio informal, por lo que siempre es recomendable optar por empresas registradas y con experiencia en limpieza de comunidades.
Sanciones por incumplimiento o comportamientos antihigiénicos
Si un vecino ensucia deliberadamente las zonas comunes o realiza actividades insalubres, la comunidad puede actuar en dos frentes:
- Apercibimiento formal: mediante comunicación por escrito aprobada en junta.
- Acción judicial: si persiste el comportamiento, la comunidad puede acudir a los tribunales conforme al artículo 7.2 de la LPH, solicitando cesar la actividad molesta o insalubre.
En casos extremos, y tras resolución judicial, incluso puede imponerse la privación del uso del inmueble por hasta tres años.
La limpieza de comunidad de propietarios, una obligación compartida
La limpieza en una comunidad de propietarios es mucho más que un simple servicio: es un deber legal, ético y convivencial. Todos los vecinos deben respetar las normas comunes, contribuir económicamente y mantener una conducta responsable.
Cumplir con la normativa evita conflictos, preserva la convivencia y garantiza un entorno saludable para todos. Una comunidad limpia es también una comunidad más segura, valorada y sostenible.